LONDRES - El Gobierno británico ha abandonado su exigencia de que Apple facilite una "puerta trasera" para acceder a los datos de los usuarios, según ha declarado la Directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard. Según ha informado Reuters, la parte británica ha abandonado formalmente el plan, que había desatado una feroz reacción no solo en el sector tecnológico, sino también en el ámbito político en Estados Unidos.

"En los últimos meses, he trabajado estrechamente con nuestros socios en el Reino Unido, junto con [el Presidente y el Vicepresidente], para garantizar que los datos privados de los estadounidenses sigan siendo privados y que nuestros derechos constitucionales y libertades civiles estén protegidos". Gabbard escribió en X.

Las tensiones entre Apple y el gobierno británico comenzaron en febrero, cuando la empresa tecnológica anunció que dejaría de ofrecer en el Reino Unido su nivel más alto de cifrado de extremo a extremo, conocido como Protección Avanzada de Datos. Como recuerda Associated Press, esto ocurrió poco después de que el Ministerio del Interior emitiera un aviso de capacidad técnica en virtud de la Ley de Regulación de los Poderes de Investigación.

Esta ley, a la que los críticos se refieren desde hace tiempo como la "Carta de los fisgones", obliga a las empresas a permitir el acceso a los datos en caso de investigación. Apple respondió llevando el asunto ante el Tribunal de Poderes de Investigación y desafiando el propio poder del Ministro del Interior para emitir tal notificación.

Según el Financial Times, es esta disputa legal la que se ha convertido en un escollo en las negociaciones sobre un nuevo acuerdo de cooperación tecnológica entre el Reino Unido y Estados Unidos. El periódico también informó de que altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el Vicepresidente JD Vance, estaban presionando a Londres.

Al mismo tiempo, el Departamento de Estado de EE.UU. publicó su evaluación anual sobre derechos humanos. Como informó The Verge, el documento expresaba preocupación por la regulación gubernamental destinada a "limitar o eliminar el cifrado efectivo (y por tanto la privacidad del usuario) en las plataformas" en el Reino Unido. Aunque la evaluación confundía parcialmente la Ley de Seguridad en Línea con la Ley de Regulación de los Poderes de Investigación, reforzaba las críticas de que la política británica podría socavar el derecho a la privacidad de los ciudadanos.

Apple ha adoptado una postura clara al respecto. La compañía ha subrayado que "nunca ha construido una puerta trasera y nunca lo hará". Según un comunicado de la compañía citado por Apple Support, era "profundamente decepcionante" que los usuarios británicos no pudieran activar la Protección Avanzada de Datos, que protege sus fotos, mensajes y otros datos privados de accesos no autorizados. Apple advirtió que cualquier mecanismo para el gobierno tendría inevitablemente implicaciones globales, ya que cualquier "llave maestra" para el cifrado sería objetivo de hackers y regímenes autoritarios por igual.

Las preocupaciones de Apple han sido confirmadas por expertos en ciberseguridad. Como señala ITPro, Charlotte Wilson, de Check Point Software, calificó todo el caso de "muy significativo", porque una vez que existe una forma universal de romper el cifrado, no puede mantenerse con seguridad sólo para uso de los investigadores. La Electronic Frontier Foundation hizo una observación similar, señalando que la creación de una puerta trasera en un país pone en peligro a los usuarios de todo el mundo.

Las iniciativas cívicas también han entrado en la disputa. La Internet Society y el Open Rights Group, como dijo la propia Internet Society en su declaración de julio, presentaron pruebas al tribunal sobre cómo debilitar el cifrado socavaría la confianza de los usuarios en los servicios en la nube e introduciría nuevas vulnerabilidades en la infraestructura digital.

La decisión británica de retirar la solicitud se considera, por tanto, una importante victoria para la privacidad. Sin embargo, como añade TechRadar, los expertos advierten de que la Ley de Poderes de Investigación sigue vigente y el Gobierno podría volver a recurrir a medidas similares en el futuro.

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