En un nuevo informe, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU advierte de "restricciones indebidas" a la libertad religiosa por parte del gobierno de Ortega, detenciones arbitrarias, intimidación, malos tratos en las cárceles y ataques a los pueblos indígenas.
L'Osservatore Romano
El informe destaca cómo han empeorado las condiciones en el país centroamericano en comparación con el año pasado, y subraya que sigue habiendo "restricciones indebidas" a la libertad religiosa. La ONU también señala un aumento de las detenciones arbitrarias, la intimidación de los críticos con el gobierno, los malos tratos en las cárceles y los ataques a las comunidades indígenas.
El informe señala la "intensificación" de la persecución de opositores al gobierno o de quienes son percibidos como "voces de la oposición". El informe afirma que las autoridades no sólo persiguen a quienes expresan opiniones disidentes, sino también a cualquier persona u organización que opere de forma independiente o no esté bajo el control directo del gobierno. Esta represión ha afectado a defensores de los derechos humanos, medios de comunicación independientes, ONG y todas las "entidades que abogan por el cambio social o político sin la supervisión del gobierno".
Según la ONU, al menos 27 sacerdotes y seminaristas fueron detenidos arbitrariamente entre octubre de 2023 y enero de 2024. Además, 31 clérigos han sido expulsados del país y detenidos durante diversos periodos de tiempo. Managua también ha revocado la personalidad jurídica de muchas organizaciones religiosas, como parte de una campaña más amplia contra las ONG.
La Oficina de la ONU en Ginebra ha expresado nuevas preocupaciones por la reforma del Código Penal nicaragüense recientemente aprobada. La legislación, impulsada por el presidente Daniel Ortega, permite al gobierno nicaragüense procesar a individuos u organizaciones, incluidos extranjeros, por delitos cometidos fuera del país contra el Estado, sus instituciones o la administración pública, lo que incluye los ciberdelitos. La ONU, que publicó su informe justo antes de que se aprobara la reforma, advirtió de que leyes tan amplias podrían utilizarse para fomentar la coacción y la intimidación.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió al gobierno que "cambie urgentemente de rumbo".
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