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Olga Richterová, Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, ha ganado un proceso judicial contra la ultraconservadora Alianza por la Familia. El Tribunal Superior de Praga se ha pronunciado sobre el asunto, confirmando una decisión judicial anterior. La asociación había demandado sin éxito a Richter por unas declaraciones que hizo en un debate televisivo, en las que cuestionaba su oscura financiación y señalaba que la narrativa de la Alianza para la Familia, especialmente en el ámbito de los derechos LGBT, suena a menudo muy similar a la del dictador ruso Putin. El Tribunal ha sostenido anteriormente que la libertad de expresión sólo debe interferirse en circunstancias excepcionales en las que no haya otra opción, y ahora ha confirmado que este razonamiento es generalmente apropiado en el contexto del derecho a criticar.
"Nadie debería tener miedo a preguntar. Especialmente quienes son influyentes y figuras públicas. Así que pregunté al Sr. Gregor, vicepresidente de la Alianza para la Familia, en un debate en CNN Prima News, ¿quién financia la Alianza para la Familia? Y estalló una pelea. Me demandaron, querían intimidarme. Pero no nos intimidarán", dice Olga Richterová, Vicepresidenta de la Cámara, describiendo el comienzo del pleito, que ha terminado hoy con una sentencia final a su favor. "No pregunté ni pregunto por estas cosas por capricho, sino porque esta asociación influye activamente en la opinión pública, coopera con asociaciones ultraconservadoras, y estas asociaciones en otros países también están conectadas con la financiación rusa. Y pregunto porque este grupo habla con la misma voz que Putin cuando se trata de opiniones LGBT. Y eso, especialmente en un momento en el que Rusia está librando una guerra en Ucrania e intentando dividir a los europeos de todas las formas posibles, es sencillamente peligroso." Y añade.
La Alianza para la Familia se opone desde hace tiempo, entre otras cosas, a la igualdad de derechos de las parejas del mismo sexo. Por ejemplo, presionó a favor de una enmienda a la Constitución para consagrar el matrimonio exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer, a lo que los Piratas se oponen vehementemente. El único propósito de este cambio es dificultar la consecución de la igualdad. La asociación también se ha hecho un hueco en la conciencia pública con las declaraciones de su presidenta, Jana Jochová, que restó importancia al derecho de voto de las mujeres, diciendo que si ella tuviera un marido como el que tiene ahora, por qué no iba a ejercer el derecho a votar por ella. También hizo la escandalosa declaración de que consideraba una cuestión política la decisión de la Organización Mundial de la Salud de eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades.
La sentencia final del Tribunal Superior de Praga reafirma que está bien llamar la atención sobre las polémicas declaraciones de la Alianza por la Familia, que suenan a Putin, y que está bien preguntar por su financiación. La asociación aún puede recurrir al Tribunal Supremo.
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