El Gobierno de la República Checa del primer ministro Andrej Babiš ha celebrado su primera reunión ordinaria, en la que ha tomado una serie de decisiones políticas importantes. El gabinete, compuesto por representantes de ANO, SPD y Motoristé, ha dejado claro el rumbo que quiere seguir en los próximos meses, tanto en materia de política europea como en cuestiones de energía, migración o vivienda.

Uno de los puntos principales de la negociación fue el rechazo del sistema de comercio de emisiones ETS 2. El Gobierno se opuso a su introducción en el ordenamiento jurídico checo, alegando que, en su opinión, provocaría un aumento significativo del precio de la energía y el transporte tanto para los hogares como para las empresas.

El primer ministro Andrej Babiš afirmó que el gabinete buscará activamente el apoyo de la Unión Europea para abolir este sistema o, al menos, para limitar significativamente sus efectos. Según los cálculos del Gobierno, con el aumento del precio de los permisos, los costes para los ciudadanos podrían alcanzar cientos de miles de millones de coronas en los próximos años.

Otra decisión fundamental fue el traslado al Estado de todos los pagos por las fuentes de energía subvencionadas. Así, en 2026, ni los hogares ni las empresas pagarán estas tasas en sus facturas de electricidad. Según el ministro de Industria y Comercio, Karel Havlíček, esta medida debería suponer una reducción de más del 15 % en el componente regulado del precio de la electricidad para los hogares, y aún más para los grandes consumidores. Esto supondrá una carga para el presupuesto estatal de más de 40 000 millones de coronas.

El gabinete también se pronunció claramente en contra del pacto migratorio de la Unión Europea. En una resolución, el Gobierno declaró su rechazo a las cuotas migratorias y su apoyo a la política de tolerancia cero con la migración ilegal. El ministro del Interior debe preparar un nuevo marco legislativo y, según el Gobierno, la República Checa no participará en los programas de reubicación de la UE.

La nueva ley de construcción, respaldada por el Gobierno, también supondrá un cambio significativo. Introduce una administración centralizada de la construcción, el principio de un único procedimiento y un único sello, y tiene por objeto acelerar considerablemente la concesión de permisos de construcción. Las construcciones de viviendas colectivas se considerarán ahora de interés público, lo que contribuirá a resolver la escasez de viviendas y los altos precios de los inmuebles.

El Gobierno también acordó apoyar la congelación de los salarios de los políticos hasta 2030 y declaró su voluntad de detener el aumento de las cotizaciones sociales de los autónomos. Así, la primera reunión dejó claro que el nuevo gabinete quiere apostar por medidas drásticas que afectarán tanto al bolsillo de los ciudadanos como a la relación de la República Checa con la Unión Europea.

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