El Ministerio checo de Trabajo y Asuntos Sociales está preparando un proyecto de reforma de las pensiones para cambiar el rumbo de la política de pensiones establecida por el anterior Gobierno. El ministro de Trabajo, Aleš Juchelka (ANO), anunció que el punto clave de la norma preparada será limitar la edad de jubilación a 65 años. La enmienda podría entrar en vigor ya el año que viene, pero algunas de las medidas se introducirían gradualmente.
La normativa actual prevé un nuevo aumento gradual de la edad de jubilación hasta los 67 años. Con la reforma del gobierno anterior, este límite se alcanzaría en 2057. Sin embargo, el nuevo gabinete de ANO, SPD y Motoristas quiere frenar esta tendencia. Según Juchelka, el énfasis en la solidaridad es más importante que seguir alargando la vida laboral.
Los cambios también afectarán a la indexación de las pensiones. El Ministerio planea volver a un modelo en el que las pensiones se incrementen en la mitad del crecimiento de los salarios reales, y no sólo en un tercio como ocurre actualmente. La limitación de la indexación y el retraso de la edad de jubilación fueron las principales herramientas del anterior Gobierno para frenar el crecimiento del gasto en pensiones.
La enmienda consiste en ampliar aún más la denominada valorización por edad. Además de un aumento automático de 1.000 CZK a los 85 años, la pensión se incrementará de nuevo en 500 CZK a los 80 años. El Ministerio responde así a la creciente carga financiera que soportan los mayores.
Una parte importante de la propuesta consiste en apoyar a los pensionistas que trabajan. Trabajar más allá de la edad de jubilación volvería a reflejarse en la cuantía de la pensión. El Gobierno prevé un aumento de la pensión del 1,5% de la base de cálculo por cada año adicional de servicio. Se trata de un cambio significativo respecto al sistema anterior, en el que el aumento de la pensión por trabajar durante la jubilación era más bien simbólico.
También se mantendrá el descuento de la seguridad social del 6,5%. Juchelka admite que no considera ideal este instrumento porque no aumenta directamente las pensiones futuras, pero cree que su supresión perjudicaría a las personas que ya dependen de él. Al mismo tiempo, el ministro rechaza el argumento de que los mayores puedan apartar sistemáticamente el dinero que ahorran.
Los cambios propuestos han suscitado críticas tanto de empresarios como de economistas. Advierten de la escasez de mano de obra y de nuevos aumentos del gasto y la deuda. Pero el Ministerio insiste en que el objetivo es un sistema más claro y sensible a la sociedad.
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