El Gobierno dimisionario de Petr Fiala se reunió el miércoles 10 de diciembre de 2025 para celebrar su última sesión ordinaria antes del esperado nombramiento del nuevo Gobierno liderado por Andrej Babiš. En la sesión final, el gabinete debatió y aprobó documentos clave, varias modificaciones legislativas y se pronunció sobre las conclusiones del Tribunal Supremo de Cuentas.

El primer ministro dimisionario, Petr Fiala, agradeció en una rueda de prensa a los miembros del Gobierno y a todos aquellos que han apoyado al gabinete durante cuatro años. Recordó la complicada situación en la que se encontraba el país cuando el Gobierno asumió el poder en 2021: la pandemia de COVID-19 aún no había remitido, se producía una crisis energética tras la caída de Bohemia Energy, la inflación era elevada y la deuda pública crecía. A esta inestabilidad se sumó pronto la agresión rusa contra Ucrania y la consiguiente ola de refugiados.

Fiala también destacó los logros del Gobierno saliente. Entre ellos mencionó la reforma de las pensiones, la estabilización de las finanzas públicas y las inversiones récord en infraestructura de transporte. También recordó el corte total de la República Checa de las materias primas estratégicas rusas, incluida la finalización de la licitación para la construcción de Dukovany. También valoró el crecimiento de la economía, que según la Oficina Checa de Estadística alcanzó el 2,8 %, y la reducción del déficit de las finanzas públicas. Según la revista The Economist, la República Checa es actualmente la sexta mejor economía de la OCDE.

Entre los puntos principales de la reunión se encontraba la aprobación de Estrategia nacional de vacunación para los años 2025-2029, el primer documento completo de este tipo. Se centra en todo el proceso de vacunación, desde la comercialización de las vacunas hasta la comunicación con el público, y su objetivo es aumentar la cobertura vacunal de la población y mejorar la protección de la salud pública.

El gabinete también apoyó Estrategia nacional para el desarrollo de los servicios sociales 2026-2030, que responde a los cambios demográficos y a las nuevas tendencias en materia de cuidados. El documento tiene por objeto garantizar que las personas en situaciones sociales difíciles puedan permanecer el mayor tiempo posible en su entorno natural y beneficiarse de un sistema más amplio de cuidados informales.

El Gobierno en funciones también aprobó varias modificaciones legislativas derivadas de la normativa europea, como cambios en la responsabilidad presupuestaria o una nueva ley que fomenta la reparación de productos fuera de garantía. El gabinete también respondió a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la detención de menores.

Otra decisión importante fue la nueva normativa que permite, en condiciones estrictamente definidas, el uso terapéutico de productos que contienen psilocibina. Según el Gobierno, los ensayos clínicos confirman su potencial en el tratamiento de algunas enfermedades mentales.

Por último, el gabinete saliente apoyó la negociación del Acuerdo de Asociación entre la UE y los países del MERCOSUR, que, según el Gobierno, reforzará la posición comercial de la Unión y contribuirá a limitar la creciente influencia de China en la región.

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