El plan alemán de trasladar a solicitantes de asilo rechazados a la africana Ruanda provoca fuertes reacciones políticas. Mientras que el ministro del Interior Alexander Dobrindt considera el proyecto un camino hacia una política migratoria más eficaz, representantes del SPD de la coalición gobernante, de las iglesias y de organizaciones de derechos humanos advierten sobre graves riesgos. En el proyecto participarán en total otros cuatro estados europeos.
Alemania, junto con Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia, anunció el lunes 16 de noviembre el inicio de negociaciones concretas con Ruanda sobre la construcción de un centro de retorno conjunto. Los primeros traslados de migrantes podrían comenzar, según los planes, ya en 2027.
El centro estaría destinado a personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido definitivamente denegadas, pero que no pueden ser devueltas a sus países de origen. Los propios procedimientos de asilo seguirán desarrollándose en Europa. Sin embargo, el acuerdo definitivo con Ruanda aún no ha sido concluido.
El proyecto es impulsado por el ministro del Interior alemán Alexander Dobrindt, de la CSU. Según sus defensores, el sistema actual tropieza con situaciones en las que los países de origen se niegan a readmitir a sus ciudadanos. La nueva solución pretende permitir una aplicación más eficaz de las decisiones de expulsión.
Sin embargo, las objeciones provienen directamente de la coalición gubernamental alemana. El comisionado gubernamental para los derechos humanos, Lars Castellucci, del SPD, criticó a Dobrindt por no haber condicionado las negociaciones a una mejora de la situación de los derechos humanos en Ruanda. La ministra alemana de Cooperación al Desarrollo, Reem Alabali-Radovan, también señaló los problemas con el respeto de los derechos humanos y se muestra crítica con el concepto de los centros de retorno.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, también expresó su preocupación. Los críticos señalan especialmente el posible riesgo para los derechos de las personas deportadas y la cuestión de si Ruanda puede garantizar condiciones adecuadas.
Por el contrario, los representantes de la CDU/CSU apoyan el plan. Según el vicepresidente del grupo parlamentario de la Unión, Günter Krings, las actuales deficiencias en la aplicación de la obligación de abandonar Alemania socavan la confianza en el Estado de derecho.
Los estados europeos aguardan ahora nuevas negociaciones con el gobierno ruandés. Aún está por decidirse la forma concreta del proyecto, sus costes y las garantías legales. Por ello, si será posible trasladar a los primeros migrantes ya el año próximo sigue siendo por ahora una cuestión abierta.
Jaroslav Holý
