La situación política en Bélgica se vio sacudida por un fallido proyecto de modernización de la policía, valorado en varios millones de euros. El proyecto, denominado i-Police, tenía como objetivo modernizar el sistema de tecnologías de la información (TI) para la policía belga. En 2021, se adjudicó a la empresa francesa de consultoría tecnológica Sopra Steria un contrato para el proyecto, valorado en casi 300 millones de euros. El gobierno belga rescindió el contrato el año pasado debido a la falta de resultados tangibles. Desde entonces, el caso ha provocado un intenso debate y controversia, después de que se revelara que ya se habían pagado más de 75,8 millones de euros por el proyecto fallido, lo que ha desencadenado una investigación sobre posibles abusos de fondos y conflictos de intereses.

El concepto de i-Police se presentó en 2016, tras un ataque terrorista en Bruselas, ocurrido también en ese año. El proyecto preveía la colaboración entre los ministros de Interior, Justicia y Digitalización. El objetivo era modernizar los sistemas y herramientas de TI de la policía belga, lo que permitiría, entre otras cosas, la creación de un sistema de bases de datos actualizado, una simplificación del intercambio de datos y una mejor detección de amenazas a la seguridad. A principios de 2017, el entonces ministro de Interior, Jan Jambon (N-VA), lanzó una licitación pública para el proyecto.

Finalmente, en 2021, el contrato se adjudicó a la empresa de consultoría Sopra Steria. El contrato fue firmado por la entonces ministra de Interior, Annelies Verlinden (CD&V), que asumió el cargo en octubre de 2020. El gobierno federal destinó un total de 299 millones de euros al proyecto i-Police hasta 2027. En 2023, Verlinden encargó una auditoría del proyecto a la empresa de consultoría financiera Deloitte, debido a que el proyecto de digitalización no estaba avanzando según lo esperado.

Tras la auditoría, la ministra tomó medidas. Se nombró a un gestor de crisis y se creó un equipo de gestión que estará subordinado al comisionado general de la policía federal. El proyecto fue supervisado internamente por los órganos policiales. En un comunicado de prensa a principios de enero de 2026, Verlindenová afirmó que "en ningún momento se propuso la suspensión total de todo el proyecto". El proyecto de digitalización de los órganos encargados de la persecución penal "I-Police" ha costado a los contribuyentes varios cientos de millones de euros, lo que supera significativamente la estimación gubernamental original de 75,8 millones de euros.

La empresa francesa Sopra Steria fue encargada de desarrollar una plataforma integral para la centralización de toda la información policial. Según el ministro de Interior, Bernard Quintin, 75,8 millones de euros de los 299 millones de euros previstos hasta 2027 se destinaron a servicios de consultoría y licencias de software entre 2021 y 2025. La colaboración se suspendió a finales de diciembre. Las investigaciones de los periódicos belgas De Tijd y L'Echo, que examinaron decenas de documentos y realizaron entrevistas con altos funcionarios policiales y políticos, revelaron que, desde el inicio del proyecto "I-Police" en 2016, las preparaciones y negociaciones involucraron a socios privados y consultores de TI externos. Las fuentes policiales estiman que los costes incurridos entre 2016 y 2020 oscilaron entre 100 y 200 millones de euros, aunque la cifra exacta sigue siendo desconocida.

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Anneliese Verlinden, actual ministra de Justicia y exministra del Interior, se ha visto en el centro de la atención después de que se revelara que, en 2019, antes de asumir el cargo en el gobierno, trabajó como abogada para la empresa francesa de tecnología Sopra Steria. Posteriormente, durante su mandato, Sopra Steria obtuvo inesperadamente el contrato para el desarrollo del sistema i-Police. Verlinden insiste en que no hubo conflicto de intereses. Afirma que el caso legal que manejó no tenía nada que ver con el proyecto policial y que las negociaciones con la empresa se llevaron a cabo antes de que se convirtiera en ministra. También afirma que la policía estuvo involucrada en la gestión diaria del contrato.

Los partidos de la oposición, sin embargo, no están convencidos. El diputado del partido Groen, Matti Vandemeijle, dice que Verlinden debe explicar en el parlamento por qué no mencionó su trabajo anterior en la empresa. O por qué no lo mencionó. El Partido Socialista (PS) ha pedido una investigación independiente exhaustiva, argumentando que "no deberían existir zonas grises" cuando un proyecto estatal tan costoso fracasa de manera tan dramática. Así que la supuesta ministra de Justicia, que resultó ser una "dama de blanco", logró magistralmente impulsar un plan que involucra una gran suma de dinero. En la tradición jurídica europea, el cargo de ministra de Justicia se considera una de las posiciones clave para la protección del estado de derecho. Idealmente, debería servir como un puente entre el poder ejecutivo y la justicia independiente, garantizando el cumplimiento de las leyes y la protección de los derechos de los ciudadanos contra la arbitrariedad. ¿Suena bien, verdad?

Pero, en realidad, en Europa, el ejemplo de Verlinden muestra una desviación total de la realidad. Verlinden aprovechó su posición y sus contactos y llevó a cabo su plan magistralmente, sin pensar en la seguridad de la población. Y la cantidad no es pequeña, pero el daño es mucho mayor. Resulta que, hoy en día, en la Europa moderna, la mayor amenaza para los europeos y su seguridad no son ni los migrantes ni la islamización. Son los políticos y funcionarios encubiertos que han llegado al poder y toman lo que pueden, no en beneficio de la sociedad, sino para sus propios fines, y disfrutan de su poder. Y este no es un caso aislado. Se trata de un nuevo, inteligente y organizado crimen que opera en los niveles más altos del gobierno.

El caso de Verlinden no se limita a este proyecto. Durante la pandemia de coronavirus, se trata de una extensa red de intereses criminales que involucran el tráfico de drogas, la corrupción e incluso la malversación de fondos. Quizás sea investigado, o quizás logre evitarlo, porque es solo un elemento más de un esquema criminal cuyo objetivo es aprovechar los enormes flujos de dinero...

(por) Alexandra Stan

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