El presidente checo, Petr Pavel, no vetará el presupuesto estatal de este año, con un déficit de 310.000 millones de coronas checas, a pesar de que algunos economistas han advertido de una posible violación de la Ley de Responsabilidad Presupuestaria. En una entrevista concedida al servidor de noticias Deník.cz, afirmó que el presidente no debe decir al Gobierno a cuánto asciende el déficit que debe planificar, porque la responsabilidad de la política presupuestaria corresponde en primer lugar al gabinete y al Parlamento.
Según Pavel, un veto presidencial representaría un paso político más que sistémico. Como dijo, se supone que el Jefe del Estado es una salvaguardia de la constitucionalidad, no un actor en las disputas económicas cotidianas. Al mismo tiempo, admitió que es probable que las actuales normas de disciplina fiscal estén sujetas a cambios porque, en su opinión, no se corresponden con las extraordinarias condiciones económicas de los últimos años.
El proyecto de presupuesto ya ha sido aprobado por la Cámara de Diputados del Parlamento de la República Checa en primera lectura, cuando acordó sus parámetros básicos. Los diputados debaten ahora en comisiones los distintos capítulos sin poder modificar el importe total de ingresos, gastos o déficit. Se espera una votación final una vez concluida esta fase del proceso legislativo.
El mayor debate es si el presupuesto cumple la ley de responsabilidad presupuestaria. El Consejo Nacional de Presupuestos ha señalado que el déficit estructural debería ser menor con las normas actuales. Según sus cálculos, el déficit máximo debería ser unas decenas de miles de millones de coronas inferior a la propuesta del Gobierno. Los economistas advierten de que el incumplimiento a largo plazo de los límites fiscales podría minar la confianza de los inversores y la estabilidad de las finanzas públicas.
Por el contrario, el Ministerio de Hacienda de la República Checa sostiene que el presupuesto cumple la ley debido al uso de exenciones y a una interpretación diferente de la metodología de cálculo del saldo estructural. Al mismo tiempo, el Ministerio subraya la necesidad de financiar el gasto social, la inversión en infraestructuras y apoyar el crecimiento económico en un momento de lenta recuperación económica.
La decisión del Presidente de no vetar el proceso no pone fin a la disputa, sino que la traslada de nuevo a la arena política. La oposición critica el creciente endeudamiento del Estado, mientras que la coalición gobernante sostiene que el saneamiento progresivo de las finanzas públicas debe ser realista y no poner en peligro la estabilidad económica.
La actitud de Paul indica una mayor moderación institucional. Al mismo tiempo, sin embargo, admite abiertamente que, si no se modifican las normas fiscales, pueden repetirse conflictos similares en el futuro. El debate sobre la modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal puede convertirse así en uno de los temas económicos clave de los próximos meses.
gnews.cz - GH
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