El Gobierno de la República Checa ha aprobado una modificación del Código Penal para reforzar el castigo del tráfico de seres humanos y la protección de sus víctimas. El gabinete también ha decidido cambios en las ayudas a la gestión forestal, ajustes en las normas de los pagos a los agricultores, cambios de personal en el Consejo para el Uso de los Ingresos de la Subasta de Derechos y la supresión del Consejo Económico Nacional del Gobierno (NERV).
Ministro de Hacienda Alena Schillerová después de la reunión, dijo que NERV se creó principalmente para las necesidades del gobierno anterior Peter Fiala. NERV proporcionó al gabinete de entonces recomendaciones sobre medidas económicas estructurales, como la reforma de las pensiones o cambios en las finanzas públicas.
Schillerová subrayó que el Gobierno actual no descarta la posible creación de un nuevo grupo consultivo similar. Sin embargo, dijo que primero es necesario evaluar si un órgano de este tipo sería beneficioso y en qué forma. Al mismo tiempo, aseguró que el Gobierno no se dispone a suprimir el Consejo Nacional del Presupuesto. También añadió que el gabinete recurre ahora a sus propios expertos, que actúan como asesores del Primer Ministro o de ministros concretos.
El ex Primer Ministro Fiala criticó la decisión del Gabinete. En la red social X, afirmó que los expertos de NERV habían hecho una serie de propuestas que, en su opinión, ayudaban a mantener unas finanzas públicas saneadas y a reforzar la competitividad de la economía checa. Según Fiala, cabe preguntarse si el Gobierno canceló NERV para que los expertos no le contradijeran sobre los cambios en la reforma y la creciente deuda estatal.
El Gobierno también aprobó una enmienda al Código Penal, que principalmente transpone a la legislación checa los cambios derivados de una nueva directiva europea destinada a prevenir y combatir la trata de seres humanos y proteger a las víctimas. Por ejemplo, la nueva directiva incluye el abuso de los vientres de alquiler, los matrimonios forzados y la adopción ilegal entre las formas de explotación. También tipifica como delito el hecho de obligar a las víctimas a trabajar en condiciones de extrema explotación.
Más allá de los cambios europeos, la enmienda también responde a las recomendaciones del Grupo de Expertos del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos. También aborda la cuestión de la responsabilidad por los daños causados por las personas que prestan servicios a la comunidad, que antes no estaba contemplada en las normas estándar del Derecho laboral.
El Consejo de Ministros también aprobó un nuevo reglamento que regula la concesión de ayudas financieras para la gestión forestal y determinadas actividades cinegéticas. La nueva normativa tuvo que aprobarse a raíz de una enmienda a la Ley Forestal, que entró en vigor el 1 de enero de 2026. El reglamento modifica el alcance de las ayudas existentes y amplía de nuevo las ayudas financieras destinadas a la asociación de propietarios forestales de toda la República Checa.
Los cambios también afectarán a los agricultores. El Gobierno ha modificado las normas sobre condicionalidad de los pagos para simplificar los controles de la protección contra la erosión del suelo. Según el gabinete, el sistema actual era administrativamente exigente tanto para los agricultores como para las autoridades de control. La enmienda consolida y amplía las posibilidades de las medidas de protección del suelo para que los agricultores tengan más flexibilidad y, al mismo tiempo, se mantenga una protección suficiente de las tierras agrícolas contra la erosión.
El Gobierno también decidió cambios en el Consejo para el uso de los ingresos procedentes de la subasta de derechos de emisión. Los ministros y representantes de la anterior coalición de gobierno dejaron de ser miembros. Los nuevos miembros del Consejo son el Primer Ministro Andrej Babiš, el Ministro de Industria y Comercio Karel Havlíček, la Ministra de Finanzas Alena Schillerová y los diputados de la actual coalición de gobierno Filip Turek y Radim Fiala. El Consejo se ocupa principalmente de evaluar y aprobar las propuestas de utilización de los ingresos procedentes de la subasta de derechos de emisión, y sus miembros no reciben remuneración por esta actividad.
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