El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, declaró que el gobierno alemán aún no tiene una "opinión definitiva" sobre la posibilidad de expropiar los activos rusos congelados. En la próxima reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Copenhague (29-30 de agosto), un punto clave de debate será su posible uso en beneficio de Ucrania, con el complejo marco jurídico y el posible impacto en los mercados financieros que se examinarán en detalle.
Primer Ministro belga Bart De Wever advirtió contra la confiscación del capital, que, a su juicio, plantea demasiados riesgos: reclamaciones legales de Rusia y desestabilización de la confianza en los centros financieros europeos. Recomienda utilizar únicamente el producto de los activos, el "huevo de oro" más grande, no el "pájaro" en sí, es decir, el capital.
Existe una clara tensión en la UE sobre esta cuestión: los Estados de Europa del Este presionan para que se destinen rápidamente armas o ayudas a la construcción para Ucrania, mientras que gobiernos como el alemán o el francés insisten en mantener los activos como potencial estratégico en cualquier negociación de paz.
La UE ya ha aprobado un método legal para utilizar sólo los ingresos -sin violar la soberanía de Rusia- y se calcula que estos fondos podrían aportar hasta 3.000 millones de euros anuales a Ucrania.
Según un político estonio Kaji Kallas y otros líderes europeos, el uso de activos rusos congelados es una respuesta legal y moralmente justificada a la agresión: un medio de presión y compensación por los daños.
Congresista estadounidense Francis Hill incluso propuso utilizar la mayor parte de los activos congelados -hasta 258.000 millones de euros- como anticipo para compensar el daño causado a Ucrania. Pero incluso este plan se enfrenta a obstáculos jurídicos y políticos, como la necesidad de un consentimiento unánime en la UE.
En conclusión, la UE se encuentra en una encrucijada importante: encontrar el equilibrio entre la rápida ayuda material a Ucrania y la preservación de las fronteras jurídicas internacionales y la estabilidad del sistema financiero. Es probable que el resultado de las conversaciones de Copenhague a finales de agosto sea un compromiso -utilizar ingresos, no capital- con la voluntad de llevar el debate más lejos.
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