La Comisión Europea (CE) ha constatado provisionalmenteque TikTok y Meta Platforms -los operadores de Facebook e Instagram- han incumplido las obligaciones que les impone la Ley Europea de Servicios Digitales (DSD). La Comisión afirma que ambas plataformas impiden a los investigadores acceder a datos públicos y que Meta tampoco ofrece mecanismos eficaces para denunciar contenidos ilegales y recurrir la moderación de publicaciones.

Acceso a los datos bajo lupa

Según la DSA, las grandes plataformas en línea deben permitir a los investigadores independientes acceder a los datos disponibles públicamente para verificar su impacto en la sociedad, en particular en la salud mental de los usuarios o la propagación de información errónea. Pero la Comisión afirma que Facebook, Instagram y TikTok dificultan este acceso, por ejemplo, utilizando complejos formularios y herramientas que dificultan a los investigadores la obtención de datos, o proporcionando solo información incompleta y poco fiable.

Tales prácticas, según la CE, socavan el principio fundamental de transparencia, que es un elemento clave de la DSA. Permitir la supervisión científica del funcionamiento de las plataformas tiene por objeto proporcionar al público y a las autoridades un control independiente de cómo los algoritmos y los mecanismos de contenido de estos servicios se traducen en la vida cotidiana de los europeos.

Notificación complicada de contenidos ilegales

Otro problema detectado por la Comisión en Meta es el complejo sistema para denunciar contenidos ilegales como la pornografía infantil, la incitación al odio o la promoción del terrorismo. Según la CE, los usuarios tienen que seguir pasos innecesarios para denunciar contenidos y se enfrentan a "patrones oscuros", elementos engañosos en la interfaz de usuario que tienen más probabilidades de disuadirles de completar la denuncia.

La Comisión Europea también critica que Facebook e Instagram no ofrezcan un sistema suficientemente eficaz para recurrir las decisiones de moderación. Como resultado, los usuarios a menudo no pueden fundamentar sus argumentos o aportar pruebas de por qué su contenido debe ser restaurado. Esto, según la Comisión, limita sus derechos garantizados por la DSA.

TikTok se enfrenta a nuevas críticas

Además de la falta de divulgación de datos, TikTok lleva tiempo siendo objeto de escrutinio por su base de datos de publicidad. Según las conclusiones anteriores de la Comisión, la base de datos no contiene suficiente información sobre quién coloca los anuncios, a quién se dirigen y cuál es su contenido. Además, no permite búsquedas efectivas. Esto, según Bruselas, viola otra obligación clave de la DSA: garantizar la transparencia de la publicidad en línea.

Posibles sanciones y medidas adicionales

Las conclusiones de la Comisión son aún preliminares y no constituyen una decisión definitiva. Meta y TikTok tienen ahora la oportunidad de revisar los documentos, responder por escrito y proponer soluciones. Si la Comisión confirma sus conclusiones, puede imponer una multa de hasta el seis por ciento del volumen de negocios anual de la empresa en todo el mundo, así como multas coercitivas hasta que las plataformas cumplan plenamente sus obligaciones.

Al mismo tiempo, la Comisión está consultando al Comité Europeo de Servicios Digitales y preparando la entrada en vigor de un nuevo decreto que ampliará el acceso de los investigadores a los datos no públicos de las principales plataformas y motores de búsqueda a partir del 29 de octubre de 2025. El objetivo es reforzar la rendición de cuentas de estas empresas y permitir una comprensión más profunda de su impacto en la sociedad.

Confianza y responsabilidad en el espacio digital

Según el Vicepresidente de la CE para la Soberanía Tecnológica y la Democracia Henne Virkkunenové la confianza está en el centro de todo: "Nuestra democracia depende de la confianza. Las plataformas deben empoderar a los usuarios, respetar sus derechos y abrir sus sistemas al escrutinio. La DSA hace de esto una obligación, no una elección". El caso de TikTok y Meta puede convertirse en un precedente que determine el rigor con que la UE aplicará en la práctica las nuevas leyes digitales. Para los usuarios europeos, el resultado puede significar una mayor protección de los derechos, mientras que para los gigantes tecnológicos puede significar una mayor responsabilidad y presión para que sus operaciones sean realmente transparentes.

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