La Comisión Europea (CE) ha decidido emprender acciones legales contra la República Checa, España, Chipre, Polonia y Portugal por no aplicar el Reglamento de Servicios Digitales (DSR).

Según la declaración de la CE, estos Estados miembros no han cumplido sus compromisos de adaptar su legislación nacional a las normas DSA, que es una herramienta clave para garantizar un entorno digital más seguro y transparente en la Unión Europea. El asunto se ha remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ahora estudiará nuevas medidas y posibles sanciones.

La Ley de Servicios Digitales (LSD), que entró en vigor en noviembre de 2022, impone normas más estrictas a las plataformas en línea y a los proveedores de servicios digitales para combatir los contenidos ilegales, la desinformación y proteger los derechos de los usuarios. Los Estados miembros debían adoptar las medidas legales y administrativas necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de la DSA antes del 17 de febrero de 2024.

Podle tiskové zprávy EK Sin embargo, la República Checa, España, Chipre, Polonia y Portugal han hecho caso omiso de esta obligación. La Comisión instó primero a estos países a remediar la situación mediante advertencias formales, pero sus respuestas fueron inadecuadas o totalmente inexistentes. Esto llevó a la CE a incoar un procedimiento de infracción.

En su declaración, la CE subraya que la DSA es esencial para crear un mercado digital único y seguro en la UE. Por ejemplo, el Reglamento establece obligaciones para que plataformas como las redes sociales o los sitios de comercio electrónico eliminen rápidamente los contenidos ilegales, mejoren la transparencia de la publicidad y protejan mejor a los consumidores. Según la Comisión, la aplicación inadecuada en algunos países amenaza estos objetivos y podría dar lugar a unas condiciones desiguales en el mercado europeo. "El pleno cumplimiento de la DSA es esencial para proteger a nuestros ciudadanos y empresas en el espacio digital". dijo la CE en un comunicado de prensa.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea examinará ahora si los países afectados han incumplido realmente sus obligaciones y podrá imponerles sanciones económicas o de otro tipo si los declara culpables. Para la República Checa y los demás países demandados, esto significa la necesidad de reaccionar rápidamente y tomar medidas para evitar mayores consecuencias jurídicas y financieras. Esta medida de la CE también envía una señal clara a otros Estados miembros de que no se tolerará el incumplimiento de las normas de la UE.

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