LA PAZ - El Ministerio Público comenzó a prepararse para investigar al ex presidente boliviano Evo Morales, acusado de ocho delitos, entre ellos terrorismo, según informó en rueda de prensa el fiscal general, Roger Mariac.

La denuncia se refiere a los bloqueos y protestas llevados a cabo por grupos vinculados a Morales tras su exclusión de la carrera presidencial de cara a las elecciones generales del próximo agosto. A ello se ha sumado en los últimos días la exigencia de dimisión del presidente Luis Arce.

Mariaca dijo que el reconocimiento de la denuncia contra Morales requiere la apertura de una investigación para que los fiscales y la Policía boliviana activen todos los mecanismos de investigación y esclarezcan los hechos. "Hemos presentado (...) una querella contra ocho delitos de acción pública que originalmente fueron atribuidos al señor Evo Morales Aym, a la señora Suset Rodríguez y a todos los autores, cómplices, encubridores o encubridoras", dijo el viceministro de Justicia, César Siles.

Morales y Rodríguez están acusados de terrorismo, instigación pública a delinquir, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, el transporte y la libertad de trabajo, incumplimiento de disposiciones constitucionales, destrucción y daños a la propiedad pública y obstrucción del proceso electoral.

Según la acusación, Morales y Rodríguez son señalados como los que ordenaron bloqueos y barricadas para que se aprobara la candidatura del ex presidente, a pesar de que no tenía partido por decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y la inscripción estaba cerrada desde el 19 de mayo.

Siles pidió reiteradamente a la Fiscalía que actúe con celeridad, reconozca la denuncia, designe una comisión de fiscales e inicie una investigación. También confió en que la Fiscalía llame a declarar a "un testigo importante", Rudy Capquique, que hasta hace poco se identificaba como partidario de Morales y presentó una supuesta grabación en la que el ex presidente habla de cercar La Paz y librar una "batalla final."

Por su parte, la diputada Gladys Quispe, del partido Movimiento al Socialismo, afín a Morales, calificó la grabación de falsa e inventada. Consideró que se trataba de otra maniobra del gobierno para atacar a Morales, y subrayó que las autoridades habían obligado a Capquique a hacer la acusación a cambio de librarle de la amenaza de la pena de muerte.

prensa-latina.cu/gnews.cz-jav