BRUSELAS - La Unión Europea necesitará al menos otro año para averiguar cómo utilizar su poderosa ley digital para limitar los riesgos asociados al ChatGPT. Esta lentitud de los reguladores contrasta fuertemente con la explosión del uso del chatbot de inteligencia artificial en toda Europa, como informa Politico.

OpenAI anunció este mes que ha superado un umbral clave para la supervisión normativa: más de 120 millones de personas utilizan cada mes la función de búsqueda ChatGPT. La noticia no sorprendió a la Comisión Europea, según declararon dos funcionarios a Politico. Aun así, los reguladores todavía no han encontrado la manera de someter ChatGPT a la Ley de Servicios Digitales (DSA), que entrará en vigor a principios de 2024 y pretende garantizar que las plataformas minimicen los riesgos.

Según un alto funcionario de la Comisión, no se espera una decisión hasta mediados de 2026. El caso pone a prueba la capacidad de la UE para gestionar los riesgos de los grandes modelos lingüísticos, que se están convirtiendo rápidamente en algo tan común como los motores de búsqueda tradicionales. La lentitud refleja el hecho de que la DSA se diseñó antes de la irrupción generalizada de ChatGPT y sus definiciones no abarcan plenamente los chatbots de IA.

Bruselas se arriesga así a quedarse atrás, incluso cuando los riesgos se agudizan, informa Politico.OpenAI admitió recientemente que 1,2 millones de personas a la semana mantienen conversaciones con ChatGPT que sugieren planes de suicidio y que "en algunos casos excepcionales, el modelo puede no comportarse como se espera en estas situaciones delicadas".

"Para un sector acostumbrado a marcos de seguridad de la IA voluntarios y puntos de referencia propios, el régimen de diligencia debida jurídicamente vinculante de la DSA puede suponer un duro despertar". řekl Mathias Vermeulendirector del bufete de abogados y consultoría de Bruselas AWO Agency. "OpenAI tendrá que intensificar su juego de manera significativa y no lo hará con simplemente copiar lo que está haciendo ahora". dodal.

La empresa no respondió a las críticas, sino que remitió a su sitio web con información sobre el cumplimiento de la DSA. ChatGPT ya está sujeta a la Ley de Inteligencia Artificial. Desde agosto, tiene que evaluar y mitigar los riesgos, con la amenaza de multas de hasta 15 millones de euros en caso de incumplimiento.

Ahora, sin embargo, el número de usuarios ha catapultado al chatbot a la liga de las grandes plataformas, muy por encima del umbral de 45 millones de usuarios mensuales para las principales plataformas en línea y motores de búsqueda (VLOP/VLOSE) según la DSA. Una vez clasificado, se enfrenta a multas de hasta 6 % de la facturación anual global, como señala Politico.

ChatGPT nebyl DSA "předvídán", ale "se ajusta a su lenguaje", uvedl Martin HusovecProfesor de Derecho en la London School of Economics.

La cuestión clave es el alcance de la designación, mencionó Joris Van Hobokenprofesor de gobernanza de la IA en la Vrije Universiteit Brussel. La Comisión puede limitarla a las funciones de búsqueda (como motor de búsqueda) o ampliarla a toda la oferta, como plataforma o servicio.

Los requisitos de OpenAI y su aplicación están sujetos a la decisión de la Comisión. La empresa debe evaluar la gravedad de los riesgos de los chatbot -incluido el impacto en las elecciones y la salud pública-, mitigarlos e informar a la Comisión en un informe de cumplimiento exhaustivo. Cuanto más amplia sea la designación, más amplio será el informe. La evaluación incluye "diseño de sistemas de recomendación y otros sistemas algorítmicos relevantes".

Esto puede resultar difícil si la Comisión se centra en todo el modelo lingüístico, no sólo en el contenido de la búsqueda. Una definición estricta evitaría a OpenAI tener que proporcionar un mecanismo de denuncia y retirada de contenidos. Una designación a mediados de 2026 significaría que el ACA no entraría en vigor hasta el último trimestre del año que viene. OpenAI podría impugnar la designación, lo que prolongaría el proceso, como señala João Pedro QuintaisProfesor asociado de Derecho de la Información en la Universidad de Ámsterdam.

Quedan cuestiones clave sobre el solapamiento entre la Ley de IA y la DSA. Las dos leyes estaban pensadas para coexistir en el caso de la IA integrada en servicios digitales como Google AI Overviews, pero no para proveedores integrados verticalmente como OpenAI, explicó Quintais a Politico.

Este hecho pone de manifiesto la tensión entre innovación y regulación en la UE, donde la IA se está convirtiendo en una realidad cotidiana pero los instrumentos jurídicos van a la zaga. Como señala Politico, Bruselas necesita dar un paso adelante para mantenerse al día con tecnologías que afectan a millones de europeos.

gnews.cz - GH