MADRID – La empresa Airbnb se ha visto obligada a eliminar más de 65.000 anuncios de alojamiento turístico en España, después de que el Ministerio de Consumo español revelara que estos anuncios no cumplían con los requisitos legales.

Según información publicada por El País, se trataba de anuncios que carecían del número de licencia obligatorio, contenían información incompleta sobre el proveedor del alojamiento y, en algunos casos, incluían datos completamente falsos. El gobierno español también ha identificado aproximadamente 55.000 anuncios más que también incumplen las nuevas regulaciones y que actualmente están siendo objeto de investigación.

Según informó la agencia Reuters, el ministerio, liderado por Pablo Bustinduy, ha instado a Airbnb a tomar medidas correctivas inmediatas. La plataforma, según el ministerio, "infringe sistemáticamente las regulaciones" que protegen a los consumidores y regulan el alojamiento turístico a corto plazo, que contribuye significativamente al aumento de los precios de los alquileres en las zonas urbanas.

Los tribunales respaldan la actuación del gobierno

La validez de la intervención gubernamental ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en su decisión ordenó la retirada de al menos 5.800 anuncios específicos de la plataforma Airbnb. Según ElDiario.es, esta medida tiene una importancia fundamental para el futuro de las plataformas digitales, ya que demuestra claramente que incluso los actores globales deben cumplir con la legislación local.

Las áreas afectadas incluyen las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, Valencia, las Islas Baleares y Madrid. En estas regiones, los alquileres para los residentes locales son insostenibles debido al turismo masivo y la especulación inmobiliaria.

Airbnb se defiende, pero la presión aumenta

Airbnb ha declarado que la decisión del gobierno es demasiado amplia y la ha calificado de "indebidamente represiva". Según el portal El Debate, la plataforma afirma que algunos de los anuncios fueron eliminados injustamente, ya que se trataba de ofertas que, según las regulaciones locales, no requerían una licencia.

Los representantes de la empresa también añadieron que "la responsabilidad de incluir el número de licencia recae en los propios anfitriones" y que la empresa simplemente actúa como intermediaria en la publicación de los anuncios.

A pesar de estas objeciones, el gobierno español continúa endureciendo las normas. Como señaló El País, a partir de julio de 2025, cada propiedad anunciada deberá incluir el número de licencia directamente en la descripción del anuncio. De lo contrario, se eliminará sin previo aviso.

¿Qué depara el futuro?

El ministerio ha anunciado que continuará supervisando el mercado y que, mensualmente, solicitará a las plataformas digitales datos sobre las propiedades alquiladas, su ubicación y el estatus legal de los proveedores. Además, planea establecer un registro público de establecimientos de alojamiento legales, que aumentará la transparencia y permitirá una fácil verificación de la autorización.

Según informó Reuters, España no es el único país que intenta mitigar los efectos negativos de los alquileres turísticos a corto plazo. Países como Italia, los Países Bajos y Portugal también están tomando medidas similares, donde ya existen cuotas para el número de apartamentos turísticos.

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