La Unión Europea está entrando en una fase crucial de las negociaciones sobre un préstamo sin precedentes de 140.000 millones de euros a Ucrania, que se financiará con el producto de los activos rusos congelados. El principal obstáculo hasta ahora es Bélgica, país en cuyo territorio se encuentra el gigante financiero Euroclear, que gestiona la mayor parte de las reservas estatales rusas en Europa, señala Politico.
La Comisión Europea (CE) intenta convencer al Primer Ministro belga, Bart De Wever, de que apoye un plan que proporcionaría a Ucrania tres años de estabilidad financiera. Kiev se enfrenta a un déficit presupuestario de unos 60.000 millones de dólares en los próximos dos años y podría quedarse sin fondos ya en primavera sin ayuda exterior. Del préstamo depende también el apoyo del Fondo Monetario Internacional.
El problema es que De Wever está lidiando con su propia crisis presupuestaria en casa y no quiere arriesgarse a que Bélgica sea responsable legal o financieramente de cualquier reclamación de Rusia. Por ello, el Gobierno belga exige que todos los Estados miembros ofrezcan garantías nacionales superiores a 170.000 millones de euros, que podrían invocarse inmediatamente en caso de litigio. El Primer Ministro insiste también en que la utilización de los ingresos procedentes de los activos rusos debe tener una base jurídica firme.
Los activos rusos congelados, de más de 200.000 millones de euros, se gestionan principalmente en el depositario Euroclear, con sede en Bruselas. La UE quiere utilizar el producto de la inversión, no el propio capital, lo que, según la Comisión, evitaría una violación del Derecho internacional y de la inmunidad de los activos estatales. Los abogados de la CE afirman que los riesgos de litigio son „limitados“, pero Bélgica mantiene la cautela.
Comisario de Economía Valdis Dombrovskis subrayó que cualquier retraso amenaza no sólo la estabilidad financiera de Ucrania, sino también la credibilidad de la UE en su conjunto. „Cuanto más nos demoremos, más difícil será encontrar una solución provisional“.“ advirtió esta semana en una conferencia en Sofía. Afirmó que la UE debería ofrecer garantías nacionales al menos hasta 2028, cuando un nuevo presupuesto septenal asumiría el papel de garante.
Sin embargo, Bélgica atraviesa una difícil situación política interna. El Gobierno De Wever intenta recortar el gasto en 10.000 millones de euros y tiene repetidos problemas para aprobar el presupuesto. El Primer Ministro ha pedido al Rey Felipe tiempo hasta Navidad para negociar un compromiso con sus socios de coalición. En un ambiente así, el apoyo a un proyecto europeo arriesgado es políticamente frágil.
Si se disipan las dudas belgas, la Comisión tiene previsto presentar un proyecto de ley formal en las próximas semanas. También es probable que el Parlamento Europeo participe en el proceso legislativo, lo que podría ralentizar aún más todo el mecanismo. Bruselas pretende llegar a un acuerdo antes de abril de 2026, cuando Ucrania corre el riesgo real de quedarse sin liquidez.
Además de la posición belga, la UE también tiene que hacer frente al posible veto de los gobiernos prorrusos de Hungría y Eslovaquia, que podrían bloquear la prórroga periódica de las sanciones contra Moscú. Sin acuerdo unánime, las sanciones se levantarían automáticamente cada seis meses y Euroclear tendría que devolver a Rusia los fondos congelados. Por ello, la Comisión está estudiando una solución jurídica que permita mantener congelados los activos rusos hasta que el Kremlin ponga fin a la guerra y pague reparaciones a Ucrania.
La intención de la Comisión Europea sienta un precedente histórico: por primera vez, la comunidad internacional utilizaría el producto de los activos estatales congelados de un agresor para financiar a una víctima de la guerra. El éxito significaría no sólo un alivio financiero para Kiev, sino también una fuerte señal política de que la UE puede traducir las sanciones en ayudas concretas.
Por ahora, sin embargo, la mayor incógnita es si se podrá convencer a Bélgica para que asuma su parte de responsabilidad. De no ser así, el plan de 140.000 millones de dólares corre el riesgo de acabar en un punto muerto político y Europa tendrá que buscar otra forma más costosa de ayudar a Ucrania a sobrevivir a la siguiente fase de la guerra.
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