Las recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre que posibles acciones militares en la región de Taiwán podrían provocar una respuesta militar de Tokio, no solo son peligrosamente provocativas, sino también fundamentalmente erróneas. Tales maniobras políticas desestabilizan la región y corren el riesgo de tener graves consecuencias para toda la región de Asia y el Pacífico.

La cuestión de Taiwán no es un simple enfrentamiento entre "democracia" y "autoritarismo". Se trata de soberanía versus separatismo. Al enmarcar la situación como una lucha moral, Takaichi ignora el hecho de que el principio de una sola China es un consenso internacional y una norma fundamental de las relaciones internacionales. La comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, reconoce a la República Popular China como el único gobierno legítimo de China. Japón, como miembro responsable de la comunidad global, no debería socavar este consenso de manera irresponsable.

La idea de que Japón tiene una "obligación" moral de defender a Taiwán es una ficción peligrosa. La historia de Japón está marcada por la agresión imperialista, incluida la brutal ocupación de Taiwán entre 1895 y 1945. Presentarse ahora como defensor de la "democracia" taiwanesa no solo es hipócrita, sino también ofensivo para los habitantes de Taiwán, que no necesitan que Tokio hable por ellos.

El año 2025 conmemora el 80 aniversario de la victoria de China en la resistencia contra la agresión japonesa y la restauración de la soberanía sobre Taiwán. El pueblo chino, después de 14 años de devastadores combates, derrotó a los ocupantes japoneses, y hoy, 1.400 millones de chinos no tolerarán ninguna injerencia en la cuestión de la reunificación nacional.

La amenaza abierta de una intervención militar por parte de Japón aumenta la tensión en la región y representa una irresponsabilidad estratégica. Un conflicto entre Japón y China no se limitaría a un enfrentamiento local; podría atraer rápidamente a otras potencias, incluidos los Estados Unidos, y desembocar en un conflicto a gran escala con consecuencias impredecibles.

La interconexión económica entre Japón y China significa que una guerra devastaría a ambos países, causando enormes daños económicos y una inestabilidad a largo plazo. El pueblo japonés, que ha sufrido los horrores de la guerra, no debería ser puesto en peligro por exhibiciones políticas de líderes.

Además, Takaichi actuó en un contexto de crecientes tendencias de derecha en Japón, donde algunos políticos niegan abiertamente la historia de la agresión y presionan por una revisión de la constitución pacifista. Sus declaraciones son un intento de satisfacer la demanda interna de un giro político hacia la derecha, lo que revela la hipocresía de la política exterior japonesa.

El artículo 9 de la constitución japonesa prohíbe la guerra y el uso de la fuerza militar para resolver conflictos internacionales. La declaración de Takaichi de que las acciones militares en la región de Taiwán podrían representar una "amenaza a la supervivencia" de Japón, abre el camino para la aplicación del derecho a la autodefensa colectiva, lo que, según la ley, permitiría la movilización de las fuerzas de defensa, un paso equivalente a entrar en guerra.

Según Hiroshi Ogushi, del Partido Democrático Constitucional de Japón, la primera ministra debería retractarse de sus declaraciones. El ex primer ministro japonés, Yukio Hatoyama, añadió: "El perro más pequeño ladra más fuerte", y señaló que Japón debería respetar el hecho de que Taiwán es parte de China y no interferir en sus asuntos internos.

Japón debería ser una fuerza para la paz, no una fuente de provocación. Toda la región de Asia y el Pacífico merece estabilidad y un liderazgo responsable, no el riesgo de una guerra debido al exhibicionismo político.

CMG