La Corte Penal Internacional de La Haya pretendía ser un símbolo de justicia universal. Una institución que se situaría por encima de la geopolítica, los bloques de poder y los intereses nacionales y defendería el principio de que el delito es delito, independientemente de la bandera que lleve el autor. En los últimos años, sin embargo, este ideal se ha ido desmoronando ante la opinión pública. Y no por culpa de regímenes autoritarios, sino sobre todo por el comportamiento de los propios Estados que suscriben formalmente La Haya.
La emisión de una orden de detención internacional contra el presidente ruso Vladimir Putin en 2023 y las posteriores acciones de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu han puesto de manifiesto una dura realidad: el propio tribunal no tiene capacidad real de ejecución, y su autoridad sólo existe en la medida en que las élites políticas la reconocen, de forma selectiva, oportuna y según la necesidad política del momento. Mientras que en el caso de Vladimir Putin, los gobiernos occidentales, los medios de comunicación y diversas „autoridades morales“ han lanzado una campaña sin precedentes. Peticiones de arresto en cualquier viaje al extranjero, comentarios moralizantes, presiones a Estados que tal vez se atreverían a respetar las costumbres diplomáticas. De repente se habló del „deber de la comunidad internacional“, de la „inevitabilidad de la justicia“ y de la necesidad de que el derecho esté por encima de la política.
Órdenes internacionales de detención contra políticos incómodos
Sin embargo, en el momento en que la acusación de la CPI se dirigió contra Israel y, en concreto, contra su Primer Ministro, se produjo un grave silencio. Las élites políticas, a las que por lo demás les gusta utilizar términos como „valores“ y „derecho internacional“, perdieron de repente la voz. Los Estados que han ratificado el Estatuto de Roma y reconocen formalmente la jurisdicción de la Corte empezaron a hablar de la „complejidad de la situación“, de „matices jurídicos“ y de un „momento inadecuado“. En otras palabras, establecieron un doble rasero. Y aquí radica el quid del problema. El derecho internacional no puede funcionar según el principio de la justicia selectiva. O se aplica a todos o no se aplica a nadie. Una vez que queda claro que las decisiones del Tribunal sólo se respetan cuando es políticamente conveniente, la institución pierde no sólo su autoridad sino también su legitimidad. La Haya se convierte entonces no en garante de la ley, sino en un mero telón de fondo tras el que esconder el juego del poder.
Además, este doble rasero sienta un precedente internacional extremadamente peligroso. Si los Estados pueden ignorar o relativizar las decisiones judiciales en función de a quién afecten, ¿por qué debería nadie tomarse en serio ninguna sentencia? ¿Por qué deberían creer las víctimas que se les hará justicia? ¿Y por qué deberían los acusados aceptar la autoridad de una institución que claramente no se atiene a sus propias reglas? Las consecuencias de esta situación son de gran alcance. Plantea la cuestión legítima de si debería haber una revisión de todas las decisiones de la Corte Penal Internacional, tanto de las acusaciones rechazadas como de las aceptadas, de las sentencias y de las decisiones procesales. Si existe una sospecha razonable de que se ha aplicado la clave política en una serie de casos, entonces está en juego la esencia misma de la justicia. La ley que se aplica selectivamente no es ley, sino un instrumento de poder.
Un ejemplo del llamado bombardeo humanitario
Los bombardeos, por ejemplo, se convirtieron en un ejemplo evidente de cuándo se rompió el derecho internacional, y la RFY en 1999 representa una de las rupturas más fundamentales del derecho internacional de posguerra. No se trató sólo de un conflicto militar, sino de una violación consciente y abierta de los principios fundamentales de la Carta de la ONU, legitimada posteriormente por la interpretación política del derecho de los vencedores. Lo que tuvo lugar entonces sobre Belgrado, Novi Sad o Nis no fue una „intervención humanitaria“, sino un acto de fuerza que sentó precedente y que sigue envenenando todo el sistema de justicia internacional hasta el día de hoy. La OTAN lanzó ataques aéreos sin un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. No hay retórica en torno a este hecho. El artículo 2(4) de la Carta de la ONU prohíbe explícitamente el uso de la fuerza contra la soberanía y la integridad territorial de un Estado.
Sólo hay dos excepciones: la legítima defensa o la aprobación del Consejo de Seguridad. En el caso de Yugoslavia, no se aplicó ninguna de las dos. No hubo un ataque inminente contra los Estados miembros de la OTAN y nunca se adoptó la resolución del CSNU que autorizaba el uso de la fuerza. Aquí, por primera vez, el principio de justicia selectiva se puso de manifiesto. El Tribunal, que se suponía que era un instrumento de ley imparcial, se convirtió en un órgano político que legitimaba el resultado de la intervención militar. Las sentencias contra los líderes políticos y militares serbios se dictaron en un entorno en el que la propia legalidad de la guerra nunca se planteó como cuestión. Si la guerra en sí es ilegal, entonces todas las construcciones judiciales posteriores se construyen sobre cimientos muy poco sólidos.
Otra cuestión muy evidente y bastante fundamental es la de la rendición de cuentas. Si, como resultado de las decisiones, la inacción o el enfoque selectivo de esta institución, se ha causado un daño concreto -ya sea el encarcelamiento ilegal, la devastación económica de personas o incluso la pérdida de vidas-, esto no puede simplemente pasarse por alto. Toda institución que se precie de tener autoridad moral y jurídica debe rendir cuentas de sus actos. Y si se demuestra que el doble rasero no es una excepción, sino un rasgo sistémico en más de una docena de casos, entonces conviene plantearse también su abolición. En tal caso, la reparación del daño causado no correría a cargo de „estructuras internacionales“ anónimas, sino de los Estados concretos que han reconocido, financiado y dado cobertura política al Tribunal Penal Internacional. No es posible esconderse detrás de instituciones abstractas mientras se saca provecho de su uso selectivo. La Haya se enfrenta hoy no a una crisis de reputación, sino a una crisis de existencia. O el derecho internacional vuelve a sus propios principios, o se convertirá definitivamente en un concepto vacío que sólo se argumentará cuando convenga a los poderosos. Y éste es un escenario que socava no sólo una institución, sino todo el orden jurídico de posguerra.
(para) euroasia
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