ESTRASBURGO/BRUSELAS - La Unión Europea sigue endureciendo su política climática y fijando nuevos y ambiciosos objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El Parlamento Europeo ha respaldado un plan para que los Estados miembros reduzcan sus emisiones en un 90% de aquí a 2040 en comparación con los niveles de 1990.
La propuesta incluye la posibilidad de compensar una pequeña parte del ahorro de emisiones mediante créditos internacionales de carbono de alta calidad obtenidos de países socios. Los eurodiputados también acordaron posponer la ampliación del sistema de derechos de emisión ETS2, que se aplicará de nuevo, por ejemplo, a los sectores de la construcción y el transporte por carretera. La nueva fecha límite para su puesta en marcha se pospuso hasta 2028.
Al mismo tiempo, cada vez más países europeos se centran en el impacto de la acción climática sobre los precios de la energía. La República Checa, Austria y Eslovaquia quieren plantear la cuestión de la electricidad cara en la próxima cumbre de la UE. El Primer Ministro eslovaco, Robert Fico, declaró tras una reunión conjunta con el Primer Ministro checo, Andrej Babiš, y el Canciller austriaco, Christian Stocker, que los altos precios de la electricidad son un grave problema para los hogares y la industria.
Según Babiš, el sistema de comercio de derechos de emisión también está lastrado por influencias especulativas que pueden incrementar aún más los precios de la energía. Por ello, los líderes de los tres países quieren abrir un debate más amplio a nivel europeo sobre medidas que ayuden a reducir los costes de la energía al tiempo que se refuerza la competitividad de la economía europea.
El nuevo compromiso climático de la Unión Europea representa un hito importante en el camino hacia la neutralidad climática en 2050. El acuerdo entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros pretende establecer un hito vinculante en 2040 para garantizar una reducción gradual de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las instituciones europeas también subrayan que la transición energética debe ser socialmente aceptable sin poner en peligro la producción industrial o la inversión.
El compromiso también incluye una mayor flexibilidad para los distintos Estados miembros. Podrán compensar parte de sus emisiones mediante créditos internacionales de carbono, para ayudar a los países que afrontan mayores costes de transición energética. El aplazamiento del RCDE2, que ahora se aplicará a los edificios y el transporte por carretera, por ejemplo, pretende mitigar el impacto en los hogares y las empresas, según los responsables de la UE.
El impacto económico de la acción por el clima es uno de los mayores puntos de discordia entre los Estados miembros. Los países centroeuropeos llevan tiempo advirtiendo de que un endurecimiento rápido de las normas sobre emisiones podría elevar los precios de la energía y debilitar la competitividad de la industria europea frente a Estados Unidos o Asia. Por ello, las instituciones europeas reconocen que la futura revisión de las normas climáticas tendrá en cuenta la evolución de los precios de la energía, así como su impacto en la industria y los hogares.
La cuestión del precio de la electricidad es especialmente delicada en la República Checa, donde el Gobierno ya ha tomado medidas para reducir el componente regulado del precio de la electricidad. Según las autoridades checas, los elevados precios de la energía repercuten negativamente no sólo en los hogares, sino sobre todo en las empresas, que pierden competitividad en el mercado europeo y mundial debido a los costes.
Sin embargo, según los responsables de la Unión Europea, la transición ecológica es también una oportunidad para modernizar la economía y fomentar las nuevas tecnologías. Las autoridades europeas han subrayado en repetidas ocasiones que la transición a una energía baja en carbono puede reforzar la seguridad energética y reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles. Al mismo tiempo, se espera que cree nuevas oportunidades de inversión y empleo en sectores de tecnologías limpias.
La próxima cumbre de la UE buscará así un equilibrio entre la ambición climática y las realidades económicas de los Estados miembros. Los debates se centrarán no sólo en los precios de la electricidad, sino también en una estrategia más amplia para reforzar la competitividad de la economía europea, según fuentes diplomáticas. El resultado de las conversaciones podría influir decisivamente en la configuración de la futura política energética y climática de la Unión Europea.
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